Lo publicó él mismo. ¿Eso significa que RR.HH. puede usarlo? La pregunta que buena parte de las empresas argentinas todavía no resolvió
Detrás de esa práctica extendida suele circular una idea que funciona como justificación implícita: si la persona publicó algo en una red social, sin restricciones de privacidad, entonces cualquier uso posterior de esa información queda automáticamente habilitado. Es una lógica intuitiva, pero no es la que sostiene la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que exige algo más que la mera accesibilidad del dato para determinar si su uso es legítimo.
Lo que la ley exceptúa, y lo que no exceptúa
El artículo 5 de la Ley 25.326 establece que no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de datos personales cuando "los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto". Esta excepción es real y está vigente, y es la que muchas veces se invoca, de manera implícita, para justificar la revisión de perfiles públicos de redes sociales sin pedir autorización al candidato. Pero esa excepción resuelve solamente el requisito de consentimiento: no exime al resto de los principios que la misma ley establece para cualquier tratamiento de datos personales, exista o no consentimiento. El artículo 2 exige que el tratamiento responda a una finalidad determinada, explícita y legítima, y el artículo 4 exige que los datos recolectados sean pertinentes y no excesivos en relación con esa finalidad. Es decir: aunque un perfil sea públicamente accesible, la empresa que lo consulta debe poder justificar para qué lo hace y limitarse a lo que esa finalidad específica requiere, no a cualquier dato que aparezca disponible.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en recomendaciones publicadas en enero de 2024 sobre protección de datos personales en internet, reforzó justamente esa lógica desde el lado del usuario: instó a las personas a configurar sus opciones de privacidad para decidir con quién comparten su información y a conocer los canales para acceder, rectificar o suprimir sus datos. El eje de esas recomendaciones no es "lo público está disponible para cualquier uso", sino que la persona mantiene control sobre su información incluso en un entorno digital, lo que sugiere una lectura más matizada de la excepción del artículo 5: la accesibilidad técnica de un dato no equivale, sin más, a una autorización implícita para cualquier tratamiento posterior.
Cuando el uso sí resultó legítimo, y por qué
La Justicia laboral argentina validó, en más de una oportunidad, el uso de una publicación en redes sociales como fundamento de una decisión disciplinaria, pero conviene mirar con atención el motivo. En un caso resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, una recepcionista de un centro de salud fue despedida después de publicar en su muro de Facebook una captura de pantalla con datos de un paciente: nombre, obra social, domicilio, teléfono y el motivo de una consulta médica de carácter íntimo. Los jueces José Alejandro Sudera y Andrea E. García Vior confirmaron el despido, sosteniendo que la trabajadora había violado el deber de fidelidad y el deber de reserva sobre información a la que accedía por su función, y que la publicación resultó lo suficientemente grave como para justificar la ruptura del vínculo laboral. Lo relevante de este antecedente no es que el contenido fuera público en Facebook: es que la publicación en sí misma constituyó una violación concreta y verificable de una obligación laboral específica, vinculada de manera directa a las tareas de la empleada. El fundamento del despido no fue "revisamos sus redes sociales", sino la conducta que esas redes sociales revelaron, con relación directa y probada con el puesto.
Esa distinción es la que separa un uso legítimo de uno que no lo es. Evaluar si una publicación evidencia una conducta que afecta de manera concreta los intereses del empleador, como en el caso citado, es una cosa. Escanear el perfil de un candidato para inferir rasgos de personalidad, orientación política, creencias religiosas o estilo de vida es otra completamente distinta, y esta segunda práctica choca de manera directa con el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prohíbe al empleador indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales o culturales de un trabajador. Que esas opiniones estén expuestas en una red social pública no las saca del ámbito que el artículo 73 protege: la norma no distingue entre preguntar directamente y averiguarlo por otra vía.
El error de confundir disponibilidad con autorización
En la práctica argentina, la frase "está en su perfil, lo puso él mismo" funciona muchas veces como un cierre de discusión que la ley no respalda con esa amplitud. El dato de que el 71% de quienes revisan redes sociales de candidatos lo hacen para evaluar personalidad, según el relevamiento citado, describe una finalidad que rara vez se documenta ni se vincula de manera explícita con los requisitos objetivos del puesto, algo que el artículo 2 de la Ley 25.326 exige como condición de legitimidad para cualquier tratamiento de datos. Sin esa finalidad clara y documentada, la revisión de redes sociales se convierte en una práctica extendida por costumbre -"siempre lo hacemos", "se mira el perfil antes de la entrevista"- más que en un proceso diseñado con criterio legal.
Un uso acotado a la función, no una exploración general
Dentro de un enfoque de Human Risk Management, la revisión de contenido público de redes sociales tiene sentido cuando existe una relación directa entre lo que se busca verificar y el riesgo específico del puesto -por ejemplo, contenido que evidencie una conducta incompatible con obligaciones concretas de confidencialidad o seguridad-, no como una exploración general de la vida y las opiniones de una persona antes de decidir si contratarla. Desde Validato, empresa especializada en Background Screening y Human Risk Management, este tipo de verificación se aborda con ese criterio de pertinencia: distinguir entre información que aporta valor real para evaluar un riesgo vinculado a la función, y contenido que, aunque públicamente accesible, no debería influir en una decisión de contratación. "Que algo sea público no lo convierte automáticamente en relevante para el puesto. Esa es la pregunta que muchas veces se salta: no si se puede ver, sino si corresponde usarlo para esa decisión en particular", señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato.
Una reflexión final
Con seis de cada diez responsables de selección revisando redes sociales y casi nueve de cada diez sin una política que lo regule, la brecha entre la práctica y el criterio legal es, en la Argentina de hoy, más amplia de lo que parece. La Ley 25.326 no prohíbe mirar un perfil público, pero tampoco convierte esa posibilidad técnica en una autorización general. La pregunta que cada proceso de selección debería poder responder no es si la información estaba disponible. Es si existía una razón, vinculada al puesto, para ir a buscarla.
Fuentes y marco normativo consultado:
[*]Bumeran, relevamiento sobre uso de redes sociales por parte de empresas argentinas, difundido por iProfesional
[*]Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, artículos 2, 4 y 5
[*]Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), recomendaciones para proteger datos personales en internet, enero de 2024
[*]Ley de Contrato de Trabajo 20.744, artículo 73 (prohibición de indagar sobre opiniones políticas, religiosas, sindicales o culturales) y artículos 62-63 (buena fe)
[*]Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, "L., A. V. c/ Socorro Médico Privado S.A. s/ despido" (cobertura periodística, 2022)
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